El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno y, posteriormente, pasará al Parlamento andaluz, con el objetivo de que quede definitivamente aprobada antes de las elecciones, previstas para junio de 2026.
Este nuevo marco legal surge como respuesta a una crisis habitacional: Andalucía enfrenta un déficit estructural de vivienda protegida, con alrededor de 90.000 familias necesitadas y un ritmo de construcción que no supera las 10.000 viviendas anuales, insuficiente frente a la demanda real, que ronda los 25.000 nuevos hogares por año, según las cifras proporcionadas por el presidente andaluz.
La medida estrella es la de impulsar la construcción y puesta en alquiler de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años, con el fin de atender la demanda urgente.
Para ello, se fomentará la colaboración con las promotoras privadas, se limitarán los precios de los alquileres protegidos, se cederá suelo de carácter público y se coordinará con entidades bancarias para ofrecer créditos asequibles a los promotores.
Otro de los pilares de la ley es la puesta en marcha de una bolsa de suelo destinada a garantizar disponibilidad de terrenos para la promoción de viviendas protegidas tanto para alquiler como para compra. Esta bolsa estará gestionada por la Junta y contará con terrenos públicos y privados susceptibles de ser recalificados o cedidos para este fin.
Se habilitarán mecanismos para la recalificación rápida del suelo y se incentivará a los propietarios privados a ceder terrenos a cambio de beneficios fiscales o participación en proyectos. Todo ello, en coordinación con los ayuntamientos.
La ley identifica áreas urbanas y metropolitanas donde el acceso a la vivienda es más complicado por la presión del mercado y los precios elevados. Estas zonas serán declaradas prioritarias para la implantación de viviendas protegidas y recibirán un tratamiento especial.
Se reducirán las cargas urbanísticas en estas áreas y se acelerará los procedimientos administrativos para licencias y permisos. También se incentivará a los promotores que inviertan en estas zonas y se limitará la construcción de viviendas de lujo y licencias vacacionales.
Las ayudas y diferentes programas y fondos destinados a solventar el problema de la vivienda se unificarán en un único sistema para facilitar el acceso a ellas por parte de los inversores privados.
También contempla la derogación de normativas obsoletas o contradictorias que dificultan la ejecución de proyectos habitacionales. Se promoverá un marco legal más ágil, flexible y adaptado a la realidad del mercado y a las necesidades sociales.
Esta nueva Ley aumentará el control sobre el número de viviendas protegidas, sobre la situación económica de los residentes, gestionará la citada bolsa de suelo y controlará las viviendas turísticas, tanto legales como ilegales.
Moreno ha subrayado que esta Ley representa un cambio de paradigma, “dejando atrás el intervencionismo directo” para apostar por una política activa basada en la ampliación de la oferta, la colaboración público-privada y la simplificación regulatoria. También ha defendido que esta vía es la más “realista” para solucionar el “problema estructural de la vivienda”.