Casi dos años después de que el Tribunal Constitucional anulara la limitación de los precios de los arrendamientos, incluida en la Ley Catalana de alquiler, la Generalitat ultima la declaración de las 140 áreas de mercado residencial tensionado amparada en la actual Ley Estatal de Vivienda.

Así lo ha anunciado la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, en una rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana en la sede del Ministerio en Madrid.

Durante el encuentro, la ministra ha trasladado a la consellera que el Índice de Precios de Referencia de Alquiler está previsto que se publique a lo largo del mes de febrero, punto vital que faltaba para la aplicación del control de precios en los 140 municipios catalanes.

Entre ellos destacan las capitales catalanas Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, y las principales poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona, como Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró o Santa Coloma de Gramenet, junto a Reus.

La ley de contención de rentas de la Generalitat de Cataluña ya salió adelante en el Parlament, por lo que una vez se ponga en marcha en el mes de febrero, el precio de los alquileres en vigor en los 140 municipios estarán congelado entre uno y tres años, y los nuevos contratos no podrán superar el índice que se acabe finalmente aprobando.

Por parte del ministerio de vivienda se han remitido a una nota de prensa y a las declaraciones de Rodríguez durante el encuentro. “Hoy la vivienda es un problema transversal, de mayorías, y ambos gobiernos aspiran a atender esta demanda”, han destacado.

La tramitación de este control de precios entre la Generalitat y el Gobierno Central se ha alargado más de lo previsto para el gobierno catalán, después de que el pasado mes de septiembre, el entonces ministerio con las políticas de vivienda, el MITMA, dirigido por Raquel Sánchez pidiera al más documentación para tramitar esta declaración de áreas tensionadas en el mercado residencial, y donde faltaba una ‘homologación’ del índice de referencia.

Pese a este acuerdo alcanzado, la Generalitat Catalana presentó, a instancias del parlamento catalán, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda por invasión de competencias autonómicas.

Tras conocerse los detalles del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, Francisco Iñareta, portavoz de idealista, ha explicado que “a pesar de que esta medida ya era descontada por todos los actores del mercado no se trata de una buena noticia, sobre todo para aquellas familias que necesiten alquilar una vivienda a partir del mes que viene. Cataluña precisamente es el lugar donde estas recetas ya se han probado y donde los resultados han sido contrarios a los deseados: caída significativa de la oferta disponible y subidas de precios, a pesar de estar controlados. No existe ningún lugar en el que el control de precios haya resultado beneficioso para los ciudadanos y en todas las ciudades en las que se ha implantado las consecuencias han sido las mismas: escasez de viviendas, enormes dificultades para el acceso, criterios muy selectivos por parte de los propietarios y el nacimiento del mercado negro".

En su opinión, este acuerdo "demuestra también la oportunidad perdida de establecer una interlocución fluida y provechosa con todos los actores y expertos del mercado para atajar el problema del alquiler basada en datos. Compartimos que la situación del alquiler en nuestro país es complicada, lo que hace más urgente la aprobación de medidas que aumenten la oferta en vez de mantener aquellas que la siguen drenando”.

En ese misma línea, David Caraballo, director general de Alquiler Seguro, afirma que “este anuncio nos hace atisbar consecuencias dramáticas para el modelo de acceso a la vivienda. Hemos sido testigos ya de la ineficiencia de la utilización de índices para limitar el precio históricamente. Lo hemos visto en Gran Bretaña, en Berlín, en París y hace muy poco en Cataluña, concretamente en 2020”. 

E insiste en que “en todos los países donde se han tomado este tipo de medidas, se han producido efectos contrarios a los deseados. No solo no se ha logrado regular el mercado del alquiler, sino que se ha constatado cómo ha afectado a la oferta, retrayéndose, e incluso también a la demanda, intensificándola. Y los precios disparándose como consecuencia del desfase entre la realidad del mercado y las rentas intervenidas".